El Gobierno de Mariano Rajoy se ha rendido, y lo peor no es que haya sido sin luchar, sino que lo ha hecho por convicción.
Si Puigdemont, que no tiene madera de héroe y mucho menos de mártir, se ha atrevido a viajar a Dinamarca es porque le han dado garantías de impunidad. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, señalaba esta misma mañana que Puigdemont era libre de viajar por la Unión Europea. Insólitas declaraciones sobre un prófugo de la Justicia española que sin embargo halla refugio y protección en países que comparten con España un espacio común de Justicia.
Winston Churchill que entendía mucho de principios y de cómo debían ser defendidos afirmó: “si uno no quiere luchar por el bien cuando puede ganar fácilmente, sin derramamiento de sangre, si no quiere luchar cuando la victoria es casi segura y no supone demasiado esfuerzo, es posible que llegue el momento en el que se vea obligado a luchar cuando se tiene todas las de perder y una posibilidad precaria de supervivencia. Incluso puede pasar una cosa peor: que uno tenga que luchar cuando no tiene ninguna esperanza de ganar”.
Vistos todos los acontecimientos acontecidos en estos últimos meses, hoy podríamos decirle al Gobierno de la nación las mismas palabras que Churchill le dirigió a Chamberlain al regreso de Munich: “Se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, elegiste la deshonra y tendrás la guerra”.
El Gobierno de España ha deshonrado a la nación al decantarse por una acción de algodón de azúcar para no molestar, con el fin de que nada cambie.
Con la deshonra ha venido la rendición, incondicional; incluso antes de hacer las levas, ya nos hemos rendido. Hemos deshonrado a nuestra nación para intentar calmar las ambiciones totalitarias de una minoría. Cuando el Gobierno decidió abdicar de sus funciones para transferirlas a los jueces, no era para que fueran tan duros sino para que, como los del Supremo, no actuarán con tanto rigor. Le da tanto miedo defender España que no quiere hacer ni presos en este conflicto. Pero el Gobierno, optando por la deshonra para evitar el conflicto, ha sembrado el germen de la destrucción nacional.
Pudimos haberlo evitado hace ya años, pero faltó la visión y el liderazgo, y ahora ante la incapacidad de luchar, España se rinde. Ya pueden ir quitando todas sus banderas de los balcones. Nunca tantos españoles pusieron a un gobierno en la oportunidad de terminar con problemas históricos y nunca se recibió tanta ignominia. ¡Cuánto más fuertes somos como nación, más débiles son nuestros gobernantes¡. Y ese es el drama histórico de nuestro país.
¿Pero acaso no tenemos razón? ¿Es que nos vamos a creer todas las mentiras del separatismo? ¿Es que no estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos y nuestra gran nación? ¿Vamos a tirar por la borda tanto acervo común, porque nos tiemblan las canillas? Un pueblo que olvida sus raíces, que incluso las desprecia; que está dispuesto a fracturarse sin la mayor vergüenza, no puede ser el español. No podemos reconocernos en esta pusilanimidad infinita.
No podemos dejar que una minoría nos amedrente, nos haga sentir ciudadanos de segunda; que nos hunda en la miseria moral simplemente porque recelamos de nuestros valores y no estamos dispuestos a tomar la vanguardia de la defensa de la igualdad entre todos los españoles, de la ley y la historia.
España se rinde, saquen las sabanas a los balcones para que no suframos las represalias del separatismo radical, para que no vengan a amenazarnos a nuestras casas por querer ser lo que somos: españoles. Saquen banderas blancas y guarden las banderas nacionales en sus corazones, que ya es el único lugar en el que podemos sentirnos españoles; casi en la intimidad.
El conflicto es inevitable. Las bases que lo sustentan permanecen intactas y el nacionalradicalismo que tomará el poder en el nuevo gobierno catalán será infinitamente peor, porque serán los comités de la defensa de la república anarquista los que salgan a las calles para continuar con la amenaza y la extorsión. Todos los procesosos revolucionarios siguen el mismo patrón; los pequeños y medios burgueses quieren un cambio y creen que dominarán en su supuesta supremacía intelectual a las masas enfervorecidas; y éstas en cuanto pueden, asestan un zarpazo mortal y ya no hay marcha atrás. Lo de la Declaración de Independencia va a ser un aspecto menor comparado con el ambiente que se está generando en Cataluña por esta nueva mayoría.
Cada día que pasa Junqueras en la celda y Puidgemont fugitivo, cimentan, como otros tantos revolucionarios totalitarios, la presidencia de la república catalana, y ante este inevitable conflicto, no nos van a servir paños calientes ni ministros blandiblú. Entonces habrá que echar a Chamberlain y llamar a Winston para ganar, porque dentro de generaciones se dirá que ésta era el conflicto que España tenía que ganar o que haber ganado.
EL SUPREMO RECHAZA EMITIR UNA EUROORDEN DE DETENCIÓN CONTRA PUIGDEMONT EN DINAMARCA
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado ‘procés’, ha descartado reactivar la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Dinamarca porque considera que ha “provocado” su detención para poder delegar su voto en la investidura.
En un auto, el juez Llarena subraya que desplazándose a Dinamarca –para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague–, Puigdemont busca “favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal” para “forzar” la delegación de su voto como si su situación fuese la de privación de libertad”, al igual que han hecho el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el expresidente de ANC Jordi Sánchez, todos ellos en prisión.
Para el magistrado, llama la atención que Puigdemont “desvele por adelantado su intención” de trasladarse al país donde inicialmente “buscó su refugio” y “que proclame además el punto concreto donde estará presente”. Esto confluye con su “proclamada intención de restablecer el mismo gobierno bajo el que se declaró la llamada República Catalana” y “retornar al momento anterior” a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, indica Llarena.
Atendiendo a todas estas circunstancias, para el juez es evidente que Puigdemont ha viajado hasta Dinamarca como “provocación de una detención en el extranjero” frente a la “Imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento”. Subraya que el expresidente catalán quiere “instrumentalizar” la privación de libertad para “alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener”.
Acusa al “president” de jactarse
“La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria”, señala el auto.
Continúa diciendo que el investigado busca que “pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”.
Llarena recrimina además que el expresidente de la Generalitat siga “perseverando” en seguir eludiendo a la justicia española y “oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse”.
En este auto, el juez Llarena ha rechazado la petición realizada este lunes por la Fiscalía en la que solicitaba que volviese a emitir la euroorden para que las autoridades danesas detengan y entreguen al expresidente catalán, investigado por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Considera “razonable” la petición de la Fiscalía
Destaca que esta solicitud de la Fiscalía es “razonable” si se contempla que el expresidente catalán se encuentra fuera del territorio nacional, precisamente, para eludir un procedimiento penal ene el que se busca determinar sus “responsabilidad” en el proceso soberanista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en Cataluña el pasado 27 de octubre.
No obstante, añade que esta petición se enfrenta a “matices” que conducen a que esta decisión debe posponerse. El magistrado del alto tribunal que la decisión se aplaza a un momento –“no necesariamente lejano”, dice– en que el “orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario” no puedan resultar afectados por una detención que “sería lógica en otro contexto”.
Puntualiza que la reactivación de la orden de detención se debe hacer cuando el “Estado requerido pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración”. En este sentido, el juez señala que, aunque existe la “remota posibilidad” de que el viaje a Dinamarca no responda a la “exclusiva inquietud académica” que ha expuesto el investigado, puede que esto sea así.
Retirada la euroorden
El juez Llarena retiró el pasado 5 de diciembre las órdenes europeas e internacionales -manteniendo únicamente la orden de detención en España– dictadas contra Puigdemont y cuatro exconsejeros que le acompañan en su fuga en Bélgica.
En el auto de este lunes, mantiene que la intención es evitar que que el Estado al que se solicite la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados “denegara parcialmente la ejecución de las órdenes de detención” y pueda diferir, a la hora de entregarles, en lo referente a la tipificación de los cinco delitos que se les imputa.
“Dificultaría la respuesta homogénea que había justificado la acumulación de las actuaciones ante este tribunal”, agrega. El juez Llarena acordó asumir también la investigación abierta contra el proceso soberanista en la Audiencia Nacional por el “carácter plurisubjetivo” y la “pluridad de partícipes” que tiene el delito de rebelión que está siendo investigado.
Recalca el magistrado que, contra lo expresado por “sectores interesados”, la calificación penal de los hechos por la jurisdicción española no es “inadecuada o errónea” y que la retirada de la euroorden no es porque se desconfíe en la actuación de un Estado en concreto, sino que la decisión descansa en la “lógicas divergencias que, en delitos complejos, pueden existir entre los ordenamientos jurídicos de distintos Estados de la Unión”.
“Unas divergencias no solo propiciadas por la diferente opción legislativa de los parlamentos, sino también por el hecho de estar en un momento inicial de la investigación”, concluye el auto
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