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viernes, 9 de marzo de 2018

DERROTA DEL LAICISMO

El Estado concluye que la Seo, la Magdalena y Santiago Apóstol son de la Iglesia

La dirección general de Patrimonio del gobierno Central considera que “no hay duda legal sobre la titularidad de los templos” y descarta emprender acciones legales.

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La catedral del Salvador, con su paño mudéjar, vista desde la plaza de San Bruno.Marco

El Estado no tiene dudas sobre la propiedad de los templos que el gobierno de ZEC puso en entredicho. La dirección general de Patrimonio del gobierno Central ha cerrado los dos expedientes que abrió tras las iniciativas emprendidas por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la inmatriculación de los templos. Y sus conclusiones son claras: la catedral del Salvador (la Seo), la iglesia parroquial de Santa María de Magdalena y la iglesia de Santiago Apóstol son de titularidad del Arzobispado de Zaragoza, mientras que San Juan de los Panetes pertenece a la Administración General del Estado.
El Estado concluye en estos informes que “carece de indicio alguno que le permita ejercer acciones sobre el dominio” de los templos zaragozanos. Así, considera que ninguno de los cuatro inmuebles reúne las características necesarias para ser considerado “bien vacante”. Por lo tanto, la dirección general de Patrimonio del gobierno Central acuerda la finalización y el archivo de las actuaciones seguidas.
El gobierno de ZEC, tras poner en duda la propiedad de los templo el año pasado, trasladó tanto a la DGA como al Estado la responsabilidad de llevar a juicio la propiedad de los templos y reclamar su titularidad pública. De momento, con esta resolución la segunda de estas dos administraciones ya deja claro que no lo hará.
Fue en marzo de 2017 cuando el alcalde Santisteve decidió emprender esta batalla por la propiedad de los templos, concretamente para que se estudiase “la posible nulidad y rectificación registral” de la Seo, la Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor. Se encargaba a la asesoría jurídica que estudiara estas inmatriculaciones, un acuerdo que fue recurrido por el Arzobispado, que pidió su suspensión cautelar para evitar un proceso judicial que le podría ocasionar “cuantiosos gastos”. La jueza del Contencioso-Administrativo la concedió, pero el TSJA levantó el pasado mes de diciembre esta suspensión cautelar, aunque sin entrar en el fondo del asunto.

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