Celdas en los sótanos de una antigua prisión del Ministerio para la Seguridad del Estado (Stasi) de la antigua Alemania Oriental
La nueva ley de censura, sin embargo, no se empezó a aplicar plenamente hasta el 1 de enero de 2018, para dar a las propietarias de las redes sociales tiempo para preparar su nuevo papel de policía del pensamiento privada del Estado alemán. Las redes sociales tienen ahora el poder de moldear el discurso político y cultural del momento decidiendo quiénes hablarán y qué dirán.
Pero el 1 de enero la ley se aplicó de inmediato. Twitter empezó suspendiendo la cuenta de la número dos del partido Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, durante doce horas, después de que ésta tuiteara la siguiente respuesta a una felicitación de Navidad en árabe de la Policía de Colonia:
¿Qué demonios está pasando en mi país? ¿Por qué una web oficial de la policía está tuiteando en árabe? ¿Piensan que van a apaciguar a las hordas salvajes de violadores musulmanes?
(En la Nochevieja de 2015-2016, unos mil hombres, principalmente musulmanes, agredieron sexualmente a unas 1.200 mujeres en Colonia).
Facebook también suspendió la cuenta de Von Storch por repetir allí su tuit. Facebook le dijo que su publicación contravenía la ley alemana, ya que era constitutivo de “incitación al odio”.
La cosa no acabó ahí. La policía de Colonia presentó cargos contra Von Storch por “incitación al odio”, castigable según la sección 130 del Código Penal alemán. Según el jefe de la policía de Colonia, Uwe Jacob, los tuits plurilingües en fechas señaladas forman parte de una estrategia de comunicación de la policía.
La campaña fue bastante bien recibida por la mayoría, sin embargo, a algunos les molestó que tuiteáramos en árabe y persa. Eran personas destacadas de la derecha, que después consideraron que tenían que poner tuits que incitaran al odio. Simplemente hemos presentado cargos.
Nótese la tranquilidad con que el jefe de policía dijo que había presentado cargos para silenciar a una destacada líder de la oposición al gobierno. Esto es lo que hacen las autoridades en los Estados policiales: mediante la censura y las acusaciones penales, silencian a los críticos que no tienen pelos en la lengua y a los contrarios a las políticas del gobierno, como Von Storch, que ha criticado duramente las políticas migratorias de la canciller Angela Merkel.
Aunque esas políticas habrían hecho ganar a las autoridades alemanas muchos puntos con el viejo régimen de la Stasi en la Alemania Oriental, es más que probable que éstas contravengan el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del que Alemania forma parte, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos estipula:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras […].
2. El ejercicio de estas libertades […] podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
En su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos humanos ha estipulado que el artículo 10
Protege no solamente las informaciones o ideas consideradas inofensivas, sino también aquellas que ofenden, chocan o inquietan; eso es lo que exige el pluralismo, la tolerancia y la apertura, sin las cuales no puede haber una sociedad democrática. Las opiniones expresadas en un lenguaje fuerte o exagerado también están protegidas.
Aún más importante en el contexto de los cargos presentados contra políticos es que según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
el grado de protección depende del contexto y el propósito de la crítica. En materia de controversias públicas o interés público, en un debate político, en campañas electorales […] cabe esperar unas palabras más fuertes y críticas más duras, y serán toleradas en un mayor grado por el Tribunal.
Cuando hay líderes políticos que son acusados penalmente por cuestionar las acciones de las autoridades, como en este caso las acciones de la policía, ya no estamos hablando de una democracia, sino de un Estado policial estándar.
Otras cuentas de Twitter y Facebook también fueron suspendidas bajo la nueva ley de censura en los primeros días y semanas de enero. Una de esas cuentas fue la de la revista satírica Titanic, que fue bloqueada por parodiar el tuit de Von Torch sobre las “hordas salvajes” de musulmanes. Twitter, la policía del pensamiento privatizada, ansiosa por censurar, no se había percatado que Titanic sólo estaba pinchando en broma. La suspensión de la cuenta de Titanic alertó a algunos políticos —después de sólo tres meses de que la ley entrara en vigor— sobre el carácter problemático de la ley. La líder del Partido Verde, Simone Peter, y la secretaria general del FDP, Nicola Beer, criticaron la ley. “La ley es un desastre y habría que cambiarla por otra decente”, dijo Beer.
A otro político, Martin Sichert, diputado de AfD en el Bundestag de Núremberg y presidente estatal de AfD, Facebook le borró una publicación por vulnerar “las normas de la comunidad”. En su publicación, que había respaldado con enlaces a fuentes factuales, llamaba la atención sobre, entre otras cosas, cómo se trata a las mujeres en Afganistán. También llamó la atención sobre el abuso sexual de niños en Afganistán:
Es aterrador y al mismo tiempo vergonzoso que nuestro Estado esté impidiendo el conocimiento de los ciudadanos simplemente censurando opiniones basadas en hechos, citas públicamente disponibles y enlaces a fuentes solventes.
Sichert y Von Storch son sólo las personas más famosas a las que les han quitado la libertad de expresión en las redes sociales. Hay infinitas más, cuyas historias nunca llegan a los medios.
Con la ley de censura, cualquiera puede pedir al operador de una red social que borre publicaciones, aunque la publicación no le afecte personalmente de ninguna manera. Si el proveedor de la red social no responde en un plazo de 24 horas, la persona que desea que se borre una publicación puede recurrir a la Oficina Federal de Justicia; hay incluso un formulario para este fin en la página de inicio de la web de la Oficina Federal de Justicia. Esta oficina es la responsable de procesar las infracciones, y la corte del distrito de Bonn es la única autoridad con potestad para analizar las disputas sobre la responsabilidad penal de los comentarios vertidos en las redes sociales y multar a las propietarias de las redes sociales por no haber borrado esos comentarios en las 24 horas exigidas.
Es lamentable que Alemania, que apenas puede responder a la amenaza terrorista y la ola de delitos violentos, esté gastando estos inmensos recursos en acallar la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales. El Departamento Federal de Justicia ha alquilado más oficinas en Bonn para albergar a unos cincuenta nuevos abogados y administradores para hacer efectiva la ley y asegurar que los proveedores de redes sociales borran las “publicaciones delictivas” en 24 horas. “También es importante que hemos creado un nuevo sistema de gestión de denuncias”, explica Thomas W. Otterscbach, de la Oficina Federal de Justicia en Bonn.
“Esta es la única manera de asegurar que se cumplen los plazos y que se pueda llevar a cabo una evaluación estadística. Porque es importante que vigilemos en qué operador [de redes sociales] se acumulan las denuncias y dónde son casos aislados”.
El antiguo Estado policial alemán ha vuelto
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